Cójanlo

La Ley 379-81

Con la aplicación de la Ley 379-81, que prohíbe cobrar más de un sueldo en la Administración Pública, incluidos los pensionados, el ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, no ha hecho más que sacar a relucir la ineficiencia de la Contraloría General de la República.

No es a Fernández Mirabal a quien competía aplicar una ley que ha causado tanto malestar en los predios deportivos, sin que se repare en casos de pensionados que también son empleados de los ministerios de Deportes y Educación, además de algún otro ente público. Lo censurable sería que se discrimine, que tampoco ha sido la actitud de Fernández Mirabal.

En aras de adecentar la función pública, el contralor Rafael Germosén es quien ha debido aplicar la ley que tanta roncha ha causado porque se ha afectado a “inmortales o viejas glorias” del deporte que reciben más de un sueldo. Antes que protestar por la aplicación de la legislación, lo que procede es que el movimiento olímpico impulse una legislación para mejorar las pensiones o los sueldos de los técnicos deportivos. Pero en modo alguno plantear que se ignore una ley, por más humanas que puedan ser las razones.