“Pasarela oficialista”

Los 96.6 millones de pesos que se destinan en el presupuesto de este año para Pro-Competencia es mucho dinero para que esa entidad no cumpla sus funciones como reguladora del mercado. Desde su creación a través de la ley 42-08, la vida del organismo no ha sido más que “parasitaria y contemplativa”, en opinión del presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Víctor Castro.

Es una burla que se hable de baja presión tributaria cuando el presidente y cuatro miembros de una entidad infuncional consumen 34 millones de pesos anuales solo en sueldos, además de viáticos, vehículos, teléfonos y combustibles. La presidenta, Michelle Cohén, devengaría 500 mil pesos mensuales. Si en verdad las funciones se limitan a anuncios de intenciones, contactos sociales, talleres, seminarios y otras labores de relaciones públicas, Castro no se extralimitó al calificarla de “pasarela oficialista”.

Todos los integrantes fueron juramentados en 2012, pero algo tan simple como la designación del director ejecutivo, que es quien se ocuparía de procesar los casos que afecten la competencia, ha surgido como una de las principales limitantes para Pro-Competencia.