El malestar que ha surgido con pensiones irregulares no es para utilizarse como pretexto con fines políticos ni para hacer daño. Cualquier decisión y hasta las opiniones al respecto tienen que basarse en las leyes, siempre que sea justicia y no populismo barato lo que sea procure. Inquieta, por de pronto, que entidades como el Banco Central sean arrastradas a debates sobre supuestos privilegios de pensiones y jubilaciones de sus empleados, y peor aún sin investigarse. Sin que de ninguna manera esté exento de cuestionamientos, hay que evitar ligerezas que puedan afectar el desempeño de sus importantes funciones. Es la ley orgánica de la entidad, que data de 1962, la que establece que los funcionarios y empleados deben estar amparados, además de un seguro de vida y asistencia médica colectivo, por un fondo de pensiones y jubilaciones. Desde 1965, la cuenta se nutre de los aportes de un 5% de los empleados y un 14% de la institución, pero también, y es algo que debe ponderarse como ejemplo, de los rendimientos de las inversiones. De no garantizar seguridad, lo más probable es que no contara con un técnico calificado.
