Cójanlo

Muchas de las aristas del incidente durante el cual un militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) resultó herido de un cartuchazo en la cabeza comprometen el principio de autoridad. Más razones para que el suceso que casi cuesta la vida a Gerardo Martínez no quede impune. Las versiones indican que alguien ordenó al vigilante que disparara cuando la fuerza pública penetró al local del PRI para desalojar a los ocupantes en virtud de una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La fuerza pública estaba compuesta por la juez de paz de la Primera Circunscripción, Clara Castillo, un fiscal adjunto y agentes policiales. Pero en una acción de rebeldía contra la autoridad y el orden institucional, los ocupantes no solo resistieron el desalojo, sino que enfrentaron a la fuerza pública. No se sabe cómo la censurable provocación no terminó en una desgracia. El lío por el control del PRI, una entelequia sin mayor incidencia, surgió desde la división en el proceso electoral entre su presidente Trajano Santana, que apoyó a la oposición, y el dirigente Julio Jiménez, que respaldó al oficialismo. Desde entonces los medios legales no han servido para solucionar el conflicto.