CÓJANLO

Ha sido sabia la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe que los recursos de los partidos políticos  sean embargados sin que medie la decisión de un juez competente, pues esa decisión  libera a las organizaciones políticas de ser objeto de  procesos temerarios que ponen en peligro  su idónea participación en la contienda electoral. Esa resolución no otorga patente de corso a los dirigentes políticos para que incurran en incumplimiento con sus suplidores bajo el criterio de que  no serían embargados o de que difícilmente un juez autorice congelar las cuentas bancarias de esos partidos. Lo que procura esa medida -se repite- es que  por una diligencia procesal inoportuna o imprudente, se cercene el derecho de un partido y quienes lo dirigen a participar en las elecciones o en la campaña electoral. Con o sin esa resolución, los partidos deben cumplir  con sus compromisos económicos.