En el marco de una coyuntura no despejada de interrogantes propias del ambiente, los conflictos en torno a la Ley de Naturalización y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros han vuelto sobre el tapete. En tanto el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, ha planteado la creación de una visa de no residente para compensar la baja acogida que ha tenido la regularización de extranjeros -unos 123 mil hasta la fecha- un comité solicita la intervención del Congreso para que la Junta Central Electoral (JCE) provea de sus documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana.
La fórmula de Fadul no ha tardado en ser rechazada por ultranacionalistas, y en torno a la petición del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas no ha habido respuestas.
El comité llegó incluso a advertir que la decisión de la JCE de dejar sin efecto la vigencia de la vieja cédula de identidad y electoral estaría relacionada con una trama para perjudicar a dominicanos de origen haitiano que por obstáculos del tribunal no han podido renovar el plástico. Ambos señalamientos son síntomas de problemas que podrían alcanzar una mayor dimensión de no enfrentarse a tiempo.
El Nacional
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