En la preparación del diálogo con las fuerzas vivas no ha dejado de causar cierta sorpresa el acuerdo de monitoreo que ha solicitado el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien el acuerdo estaba en stand by, los términos se prestan a controversias. Más que de monitoreo, aunque el Gobierno hace ciertos compromisos, hay quienes abogan por un convenio más estricto yriguroso.

El Gobierno se ha comprometido a aplicar un ajuste de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, a mantener la estabilidad macroeconómica y entregar los recursos contemplados para la recapitalización del Banco Central.

Sin embargo, algunos sectores plantean como fundamental la reducción y austeridad del gasto corriente. El adelantarse el Gobierno se coloca en mejores condiciones ante el sector empresarial, sobre todo después de disponer una reducción en la tasa de interés.

En la carta el equipo económico reconoce la necesidad de aplicar un programa fiscal realista, y en ese sentido dice que el Gobierno se propone generar un espacio fiscal que permita una política monetaria menos restrictiva.

Parece que el Gobierno ha considerado llegar a la cumbre del 28 con el camino lo más llano posible para sortear la lluvia de críticas y demandas en que se convierten esos encuentros.

En la carta para el acuerdo, que el Fondo conocerá el próximo lunes, el Gobierno, que fue duramente criticado por los excesivos gastos en que incurrió a raíz del proceso electoral, defiende sus ejecutorias de 2008.