El presidente Leonel Fernández ha declarado 2012 como el Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Desarrollo. El nombre es tan largo, que parece monárquico. Del Presidente depende que en materia de objetivos en estos 12 meses que apenas se inician no ocurra lo mismo, al menos en cuanto a percepción, que con 2011 como Año de la Transparencia. Hasta la que se sindica como complaciente Cámara de Cuentas reveló que las irregularidades y violaciones de la ley de compras y contrataciones públicas abundaron al por mayor y detalle en el año que recién finalizó. Es necesario fortalecer las políticas sociales, para acabar con el humillante y reprochable paternalismo y el clientelismo que caracterizan el ejercicio público. Hablar de Estado democrático y de derecho es fortalecer las instituciones, cuya debilidad es citada como uno de los factores que más afectan el desarrollo de este país. Significa conjurar la impunidad y la influencia política que se han propagado como yerba mala en la Administración Pública. Pero todo dependenderá de la voluntad del propio Presidente de la República. De lo contrario, será otra declaración más.
El Nacional
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