Voto de castigo
En el sermón de las 7 palabras con motivo del Viernes Santo, los obispos volvieron a clamar por el voto de castigo contra los políticos corruptos y por una campaña electoral más elevada. Nunca antes se había matizado tanto la depredación de los recursos públicos, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito en una jornada proselitista. Tan alarmante resulta la degradación del certamen que la unidad antilavado de la Procuraduría General de la República anunció que se investigaba a 20 candidatos a cargos congresuales y municipales por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
La realidad es que son varios los candidatos que han sido sometidos o con procesos abiertos por corrupción.
Y otros tantos sospechosos de la práctica. La Conferencia del Episcopado Dominicano ha reclamado que esos candidatos cuyo patrimonio es difícil de justificar y que basan sus campañas proselitistas en dádivas sean castigados en las urnas. El problema está en que el deseo de la Iglesia choca con una durísima realidad social: que la gente a la que se pide castigar la corrupción es precisamente la más necesitada y proclive a vender su voto al mejor postor.

