Una burla

Que 3,329 servidores públicos violen la ley sobre declaración jurada de bienes solo confirma que la legislación es una burla. Se ha pedido la retención de los sueldos y otras acciones que es obvio no han surtido ningún efecto contra los infractores.

Hace unos días la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, dijo que solicitaría una relación de los funcionarios electos y salientes para obligarlos a cumplir con la declaración de su patrimonio.

Si la autoridad competente hubiera tomado alguna acción contra los violadores de una ley que fue concebida para combatir el enriquecimiento ilícito, lo más probable es que ya todos hubieran entrado en cintura. A las autoridades no les gusta que esas violaciones se relacionen con la falta de seguridad jurídica.

¿Pero cómo se puede confiar en funcionarios que no cumplen con las leyes? Si ignoran algo tan elemental como cumplir con la declaración del patrimonio ¿qué otra cosa no harían? Un informe del Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra determinó no ha cumplido con la ley el 53.5% de los funcionarios obligados a declarar su patrimonio.