Truena Celso.-

Por lo visto, el empresario Celso Marranzini, exvicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ya no aguantaba más.

Su descarga sobre la supuesta inseguridad jurídica tiene mucha tela para cortar.

No es poca cosa, sobre todo en un momento en que el Gobierno necesita que le enfríen y no que le calienten más la pista. Marranzini consideró preocupantes las consecuencias de la inseguridad jurídica para el desarrollo económico de una nación, basándose, en el caso del país, en la caída del índice mensual de actividad manufacturera.

Una cosa sería su desacuerdo con la modificación de la ley de Proindustria para obligar a las empresas a liquidar por anticipado el 50% del Itbis de las mercancías importadas en la Dirección General de Aduanas, y otra relacionar la decisión con la supuesta inseguridad jurídica.

Al margen del impacto negativo para la inversión y el empleo que atribuye a la medida, Marranzini, que fue presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, no vaciló en denunciarla como un atentado a la seguridad jurídica.

Por el bajo perfil que ha observado el detonante ha surtido sus efectos.