No más concho

La ley 241 de Tránsito pasó a mejor vida con la legislación sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que crea el Instituto de Tránsito Terrestre. Tal vez se necesita una ley más moderna y actualizada para regular el transporte de pasajeros y carga, pero el nuevo proyecto no puede verse como la panacea.

Por encima de las leyes estará siempre la voluntad de aplicarlas, cuya ausencia es una de las grandes debilidades en el país. Por supuesto que a la nueva ley, que elimina la dispersión representada por una caterva de entidades, hay que darle su oportunidad.

Es sabido que en la práctica la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), Consejo para la Administración y Regulación de Taxis (CART), Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes del Transporte Público y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet) no son más que agencias de empleo, infuncionales en la práctica.

Había no solo que fusionarlas, sino también depurarlas. La nueva entidad, con un gran reto por delante, estará adscrita al Ministerio de Obras Públicas y gozará de autonomía jurídica y financiera.