Decisión confusa
En febrero, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que con la colaboración de Brasil y Estados Unidos se había avanzado en la investigación y elaboración del expediente sobre la compra de los ocho aviones Tucano, para la que se habría pagado un soborno de 3.5 millones de dólares.
Por eso sorprende que en el conocimiento de la revisión de la coerción al coronel Carlos Piccini Núñez, el único de los imputados que está preso, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) haya solicitado una prórroga para completar la investigación.
El incidente y la lentitud crean muchas suspicacias, más todavía después que la propia Pepca declarara que en el expediente figuraban, además del senador Luis René Rojas Canaán, otros legisladores que jamás, al menos que se sepa, han sido citados para interrogarlos.
Los otros con medidas de coerción sobre el supuesto soborno son el exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez. A pesar de las afirmaciones del procurador cunde el pesimismo sobre el escándalo de los aviones Tucano.

