Caso omiso

El 14 de noviembre de 2016 el Gobierno advirtió que los funcionarios que antes del día 30 de ese mes no hayan cumplido con la declaración jurada de bienes quedarían excluidos de la nómina pública.

El tiempo ha pasado y hoy el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, reconoció que 5,177 funcionarios públicos todavía no han cumplido con la ley 311-14.

De esa cantidad, que es exorbitante, el 88% corresponde a los ayuntamientos. Cuando surgió el escándalo sobre la violación de una ley más bien de tipo simbólica, el gobernador de La Romana hizo gala de una cuestionable impunidad al declarar: “no cumplí con la ley ¿y qué?”.

Para colmo los funcionarios suelen declarar lo que les parece, pues la Cámara de Cuentas ni siquiera se toma las molestias de verificar la información.

¿Qué se anunciará ahora contra esos funcionarios que han hecho caso omiso de la declaración jurada? Es precisamente ese tipo de violación lo que alimenta la percepción de impunidad en la lucha contra la corrupción. La Procuraduría General de la República, que es la que tiene que actuar, a lo más que ha llegado, como mucho, es a algún aguaje. Lo mismo que las demás autoridades.