En abril de 2011 un tribunal de primera instancia de Puerto Plata ordenó al director del Distrito Municipal de Cabarete entregar toda la información sobre ingresos, egresos y contratos del organismo. Pero el señor Gregorio Antonio Mora, quien siempre se ha manejado como si la comunidad fuera su feudo, ignoró la decisión de los tribunales. Ahora una juez de instrucción de Puerto Plata ha dictado, por desacato, medidas de coerción contra Mora, pero se da por descontado que tampoco prosperarán. Y todo porque el funcionario edilicio, aunque fue nominado en la boleta del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) está demasiado pegado con el poder político de la provincia como para inmutarse. De no ser así, Mora no se permitiría los lujos de denegar, impedir u obstruir el libre acceso a la información pública. La Ley castiga con penas de seis meses a dos años de prisión, así como la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos a quienes sean encontrados culpables de violación. Pero, por lo visto, el director del Distrito Municipal de Cabarete goza de una licencia para actuar en la comunidad como ley, batuta y Constitución.
El Nacional
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