Educación y Cancillería

El saneamiento de la nómina que ha anunciado el ministro de Educación, en tanto el canciller justifica nuevas designaciones se han combinado para que entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se pronuncien contra los efectos en las finanzas públicas de las personas que cobran sin trabajar.

Mientras su vicepresidente Servio Tulio Castaños Guzmán respalda la auditoría de personal y la exclusión de personas que cobraban como maestros sin impartir docencia, censura que en el Ministerio de Relaciones Exteriores se haya nombrado como asesores a exdiputados que no prestan ninguna función. Y todavía más. Según Castaños Guzmán es inaceptable que de un 30% del gasto público que el Gobierno destina cada año al pago de nómina “una parte sea para pagar salarios de personas que no prestan ninguna función, o son improductivos, o sus puestos no pueden ser justificados en el marco de una planificación institucional coherente y ajustada”.

El caso de las botellas, sobre todo con elevados salarios, siempre ha sido criticado, pero nunca se ha actuado. Tampoco sobre capítulos tan irritantes como el llamado programa social de los legisladores.