Golpe duro

Sin importar que los equipos para el proceso de automatización de las elecciones de 2016 no hayan funcionado a plenitud y que para colmo haya que botarlos porque no pueden utilizarse para otros certámenes, la Junta Central Electoral (JCE) deberá pagar los 13,9 millones de dólares que reclama la empresa que suministró los aparatos.

El golpe es duro, pero según determinó una auditoría de la Cámara de Cuentas no queda más alternativa que cumplir el contrato suscrito entre la JCE y la firma española Indra sobre la compra y operación de los escáneres.

Antes que desembolsar el remanente de los 39.7 millones de dólares que habían costado los aparatos, el pleno de la JCE ordenó una auditoría técnica que arrojó que los equipos, que se adquirieron bajo la gestión de Roberto Rosario, no habían llenado su cometido, además de que no podían utilizarse en otros procesos.

En tal virtud, se solicitó un estudio a la Cámara de Cuentas, realizado en tiempo récord, y que concluye en que el tribunal deberá honrar el compromiso. El conflicto todavía no se ha cerrado, aunque está por ver si se actuará en caso de encontrarse alguna irregularidad en el negocio.