Paro defensores.-

Los servicios y la directora de la Oficina de Defensoría Pública han encontrado el respaldo de entidades tan prestantes como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus). No así del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, quien no le ha sacado el guante a su titular, Laura Hernández Román.

De acusar a la Oficina de Defensoría Pública de competencia desleal por la asistencia a todo el que reclama servicios jurídicos, Surún ha pasado a denunciar un supuesto mal uso de los recursos que recibe la entidad. De ahí que se sospeche que haya sido instigada por él la huelga de los defensores públicos en que además de un aumento salarial se quejan de supuestas arbitrariedades de Hernández Román.

Las últimas elecciones evidenciaron un carácter más político que gremialista del Colegio de Abogados. Sería inconcebible, por tanto, que también se pretendan politizar o desacreditar los servicios de una entidad, como la dirigida por Hernández Román, que goza de buena reputación.

Nada se puede descartar, y menos de personas que más por intereses personales que por convicciones ideológicas han cambiado de la noche a la mañana los colores de su chaqueta política.