Conflicto de altura
La reacción de los hoteleros confirma el carácter unilateral de la autorización del Ministerio de Turismo para construir torres de hasta 22 pisos en las zonas de Macao y Cap Cana.
El conflicto toma otro matiz con la denuncia de que los constructores fueron beneficiados con incentivos fiscales a través de la clasificación provisional de proyectos turísticos.
No han trascendido los nombres de las empresas, pero cabe deducir, al margen de las especulaciones que circulan al respecto, que se trata de intereses poderosísimos.
De no ser así, el Ministerio de Turismo, que por ahora ha guardado silencio sobre el escándalo, no incurriría en lo que los hoteleros califican como una violación del Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial.
Otros elementos que han de tomarse en cuenta es si la decisión de la cartera que dirige Francisco Javier García contó con el visto bueno de los ayuntamientos de las zonas y la certificación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El conflicto no se reduce a un simple diferendo de puntos de vista para desarrollar un proyecto, sino a un grave atentado contra las reglas de juego en un sector que ha sido clave para la economía.
