Cójanlo

Paso necesario

Con las tantas denuncias que cuestionan la administración de justicia, casos como el sometimiento de jueces de San Juan de la Maguana por supuesta parcialidad tenían necesariamente que investigarse.

El Consejo del Poder Judicial ofrece una saludable muestra de interés en salvaguardar la imagen y la confianza en los tribunales con la investigación que ordenó sobre decisiones de los jueces Milton Castillo, Ernesto Ramírez y Loyda de la Rosa Beltré, de la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de la provincia. La querella fue presentada por el Estado dominicano a través del abogado Julio Cury, en representación de Edesur, quien alegó que la empresa fue condenada a pagar más de 100 millones de pesos a 37 parceleros que la demandaron en daños y perjuicios.

De acuerdo con Cury los demandantes no pudieron presentar títulos que certifiquen la propiedad de los terrenos, además de recordar que la ley establece que los predios no registrados son propiedad del Estado. Pero al margen de las consideraciones jurídicas el Poder Judicial hizo bien en investigar un conflicto que no se reduce únicamente al ámbito de los jueces de San Juan, sino que repercute en toda la sociedad.