La orden de captura por supuestos delitos penales contra el destituido Manuel Zelaya y varios colaboradores de su Gobierno se veía venir desde el ascenso al poder del presidente golpista hondureño Porfirio Lobo. El solo camino del exilio que tuvo que tomar Zelaya cuestionaba la reconciliación que, como disfraz para legitimarse ante la comunidad internacional, había anunciado Lobo. Y máxime cuando anunció que los golpistas serían amnistiados. La Fiscalía no perdió tiempo en aclarar que la amnistía no incluía delitos penales que se investigaban contra el depuesto gobernante y colaboradores de su Gobierno. Zelaya y cuatro colaboradores de su administración enfrentan una orden de captura por el supuesto desvío de 1,6 millones de dólares del Fondo Hondureño de Inversión Social para gastos publicitarios. Con cargos penales, aunque fueran prefabricados, se torna más compleja la intervención de la comunidad internacional en el conflicto hondureño. Al menos dos partidarios de Zelaya han caído en Honduras en las últimas horas, en tanto otros han tenido que esconderse por la tenaz persecución que atribuyen al Gobierno.
El Nacional
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