Todos los referentes indican que se actuó con ligereza en la cancelación de un supervisor de la Dirección de Prisiones acusado de introducir drogas y bebidas en la penitenciaría de Najayo. No se descarta que el estigma contra el abogado José Radhamés de León fuera un acto de venganza por el informe que rindió sobre el bacanal en la prisión con motivo de las navidades. Trascendió que los sancionados por ese motivo le advirtieron que lo pagaría caro. Por su responsabilidad y trayectoria, más de 30 abogados de San Cristóbal han anunciado que defenderán la integridad de De León frente a la infamia de que dicen ha sido víctima. Se intuye que el funcionario fue objeto de un gancho con las bebidas y las porciones de cocaína que se ha dicho introdujo en un vehículo a la penitenciaría. De León ha sostenido que no sabía de las raciones. A menos que el recinto opere como un mercado persa se tiene que ser muy tonto para traficar públicamente con sustancias prohibidas en un centro que se supone tan vigilado. Por las sospechas que rodean la cancelación es obvio que el caso tendrá que investigarse, con garantía de justicia. De León parece más bien una víctima.
