Cójanlo

La Dirección General de Aduanas tenía que estar muy segura de la procedencia ilícita de la materia prima para suspender las operaciones de una empresa de exportación de metales instalada en Los Alcarrizos. En modo alguno se puede concebir que la acción contra Caribbean Recycling, a las que se confiscaron dos furgones repletos de alambre, fue para afectar sus operaciones. Sin importar las consecuencias la opinión pública se identifica con la aplicación de la ley y de las normas establecidas como requisitos para regular las operaciones comerciales, industriales y financieras. Si los propietarios de la firma sueca estiman que Aduanas incurrió en un exceso al clausurar temporalmente sus operaciones pueden exigir una reparación frente a los tribunales. Se trata de una posibilidad que las autoridades dejaron abierta al indicar que todavía no han concluido las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los ejecutivos de la firma en el negocio ilegal de metales. Compete ahora a los propietarios demostrar que la clausura de la firma fue un abuso de poder y que no eran robados los cables que se les confiscaron en el operativo encabezado por Aduanas.