Cójanlo

Podría faltarle identificar a esos caciques que impiden que se aplique la ley de función pública, pero aún así es bastante que el ministro de Administración Pública haya reconocido que no se cumple la legislación que transparenta el sistema de contrataciones y asignaciones de sueldos. Ramón Ventura Camejo no ha venido más que a confirmar que con leyes que no se aplican, por más modernas y progresistas que sean, no se va a ningún lado. Existe la curiosidad, claro está, por saber quiénes son los violadores de la ley en cuestión. Es insólito que un funcionario tenga que recurrir al Presidente de la República, en lugar del Congreso, para hacer que se cumpla con una ley. Significa que la institucionalidad, como bien se demuestra en la práctica, es nula. Pero con admitir que el caciquismo impone sus propias normas, sin importar un bledo la Constitución y las leyes, es suficiente. Ventura Camejo ha puesto el dedo en la llaga sobre una realidad que indigna y deja cuesta abajo el de por sí precario orden institucional. Si el Presidente no interviene, porque el Congreso nada pinta, la gente tendrá que conformarse con leyes decorativas, sólo para guardar las apariencias.