La Ley de libre acceso a la información pública es una de las iniciativas más saludables, que no tendría razón de ser como no sea para garantizar los derechos consagrados por la Constitución de la República.

Pero esa legislación, que se suponía marcaba un proceso de transparencia, respeto y apertura ha devenido, casi desde sus primeros días de aplicación, en letra muerta.

Eso de que toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o por acciones con participación pública no es más que un hermoso enunciado.

Conocer algo tan simple como el número de pasajeros que ha abordado El Metro se ha convertido en uno de los grandes misterios, una suerte de secreto de Estado. Cualquiera ni se imagina lo que significaría intentar conocer otros aspectos más conflictivos de la obra.

Otra prueba del desprecio a la Ley de libre acceso a la información pública la representa la tardía respuesta de la Secretaría de Trabajo en torno a una investigación sobre el sistema esclavista de que son víctimas los empleados de bancas de apuestas y centros de diversión. Además de pisotearla, funcionarios de la cartera se habían burlado de las gestiones de periodistas de El Nacional por conocer los resultados de la pesquisa en los referidos establecimientos.

Si para conocer datos elementales se tiene que recurrir a la Justicia, con las molestias y gastos que implica, las oficinas para aplicar Ley 200-04 no son mas que pura pantalla.