El procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, debería entender que la garantía o preservación de los derechos ciudadanos no representa forma alguna de impunidad o de no aplicación de la ley.
El Ministerio Público puede y debe proseguir con cualquier diligencia o proceso judicial, sin creer que el mundo se acaba cuando un juez rehúsa imponer apremio corporal como medida de coerción contra un justiciable.
Ese magistrado debería saber que la libertad es la regla y la prisión la excepción, por lo que no se debería asociar con la impunidad la sentencia de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia que rechaza el pedido de la Procuraduría de encerrar a un acusado. Lo que debería hacer el doctor Domínguez Brito es consolidar el fardo probatorio contra la persona que dice incurrió en un gran desfalco a los fines de que sea valorado por el juez o la corte en un juicio de fondo, sin más prejuicio que la ley.
El Nacional
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