Se define como loable, oportuno y ejemplar el programa iniciado por la Fiscalía de Santiago para brindar asistencia emocional, moral y educativa a niños y adolescentes víctimas de la violencia intrafamiliar y la criminalidad.

Un principio general del Derecho sitúa al fiscal como tutor de los menores y le asigna la tarea de preservar su integridad física y emocional, aún por encima de la autoridad que la ley confiere a padres biológicos.

Es por eso que el Ministerio Público tiene autoridad y calidad para disponer las diligencias que sean de lugar a fin de colocar a cualquier menor a resguardo de daños físicos o psicológicos, como atinadamente ha hecho el magistrado Raúl Martínez.

El programa de la fiscalía santiaguera incluirá en una primera etapa a 36 niños víctimas de abusos o de violencia intrafamiliar, a quienes se les brindarán espacios para recrearse, lo mismo que orientaciones psicológicas.

La iniciativa que ha asumido la Fiscalía de Santiago debería ser imitada por otras instituciones del Estado, como las secretarías de Educación y Salud Pública, que también están en deber y obligación de auxiliar a centenares de niños y adolescentes que sufren hoy las secuelas de la violencia intrafamiliar y la criminalidad.