COJANLO

La Junta Central Electoral (JCE) acaba de dar un paso importantísimo en materia de fiscalización de los recursos que se asignan a los partidos políticos. Se trata del sistema de contabilidad elaborado por el organismo al que tendrán que acogerse los colectivos para recibir los fondos. Algo así como las cubicaciones que se exigen a los contratistas. Con el auspicioso instrumento anunciada por el magistrado Eddy Olivares, coordinador de Juntas y Partidos Políticos de la JCE, no habrá alegatos. Amén de que está muy bien que el tribunal supervise el destino de recursos que salen de las costillas del contribuyente. Había que poner coto al desorden que implica el gasto sin control de fondos públicos. Si algo se espera es que la resolución se cumpla al pie de la letra. No podía seguirse con el patrón de que los partidos presenten la relación de gastos que más convenga a sus intereses. Olivares indicó que con la decisión la JCE no sólo cumple con el mandato de la Ley Electoral, sino que da cumplimiento al artículo 216 de la Constitución sobre las actividades de los partidos políticos.  Que se cumpla la ley debe ser lo normal y no la excepción, pero se sabe que ese no es el caso.