COJANLO

La industria farmacéutica ha vuelto a poner el grito al cielo por la falsificación de medicamentos y la operación de centros ilegales. Tratándose de una denuncia que se repite no es ocioso preguntar ¿cuál es el problema? Las asociaciones que representan al sector en la Dirección General de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública han amenazado con retirarse de la entidad de no corregirse las violaciones. En el país operarían unas 1,500 boticas de manera ilegal, que también serían utilizadas para mercadear medicinas adulteradas. La denuncia es grave, pues indica que se trata de negocios que son operados sólo para estafar a los usuarios, sin importarles las consecuencias para la salud. Ante un caso tan alarmante, el ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, debe ponerse al frente de una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades. Y más cuando los denunciantes hablan de complicidades oficiales en la operación irregular de famarcias y la distribución de medicamentos falsificados. No hay que dar muchas vueltas para saber el peligro que representa para la salud la venta de fármacos sin controles.