Cójanlo

La Ley de Partidos Políticos no garantiza un cambio instantáneo en la cultura política dominicana. Ni siquiera impedir las prácticas más ominosas del ejercicio, entre las que figuran el uso de los recursos públicos para sacar ventajas y comprar voluntades. Sin embargo, la legislación está llamada por lo menos a regular un quehacer en que de un tiempo a esta parte los recursos, sin importar la procedencia, se han impuesto a los discursos, los liderazgos y las propuestas programáticas.

El peor ejemplo de la práctica clientelista la ofrecen los propios legisladores con los privilegios ajenos a sus funciones, como el barrilito y el cofrecido, para supuestas acciones sociales. A través de esos programas los congresistas se embolsan más de 5,300 millones de pesos.

Todos esos factores explican que la Ley de Partidos Políticos, llamada a regular el degradante quehacer partidario, haya vuelto a caer en el Congreso. Ni siquiera a los legisladores de la oposición, salvo honrosa excepciones, les interesa que se  apruebe una ley que, en la práctica, riñe con su concepto y estilo de la política. Además de falta de voluntad, ha primado el miedo.