Cójanlo

Todo indica que la burocracia oficial ha sido la principal responsable  de que no se hayan recuperado los 1,200 millones de pesos avalados por el Estado a 32 empresas de zonas francas. En los dos primeros años las autoridades fracasaron en elaborar un mecanismo, como se había acordado, para recuperar los empréstitos. Si bien algunos empresarios encontraron la forma de cumplir con el pago de los intereses, el resto se amparó en la ley no escrita de que si no se cobra, no se paga,al menos en los contratos con el Estado, para hacerse los chivos locos.  El tiempo ha pasado y ahora ha salido a relucir un escándalo en que las autoridades son las peor paradas al no hacer las diligencias para que los beneficiarios honraran sus compromisos. Por supuesto que no habrá investigación ni sanciones por el peso político que prima en la burocracia oficial. El gesto de auxiliar a los empresarios que lo necesitaban para mantener a flote sus firmas fue saludable. Ese socorro se corresponde con el estímulo al desarrollo y la función del Estado. Lo censurable es que por deficiencia el Gobierno tuviera que cargar con el pago de las deudas, al menos de los empresarios morosos.