Con los terrenos del entorno del estadio Quisqueya, cuya donación se afirma viola la Constitución, se espera que el Congreso no legitime la operación con su inercia.

Por más identificados que estén con el Poder Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados deben velar para que se respete la Carta Magna. En modo alguno pueden hacerse cómplices de alegadas violaciones.

En el caso del contrato con la Sun Land, que la Suprema Corte de Justicia determinó que violaba la Constitución pero que era tarea del Congreso actuar en la transacción, los cuerpos legislativos ni abrieron la boca.

Como se alega que en la donación de los terrenos del entorno al Quisqueya para un proyecto habitacional y comercial se vulnera la Carta Magna, el silencio del Congreso sería un flaco servicio al sistema institucional.

La actual Constitución todavía no ha sido sustituida. Pero además ¿de qué serviría una nueva Carta Sustantiva cuando la presente es pisoteada en aspectos claves?

El artículo 55 de la Constitución establece que las ventas o cesión de inmuebles cuyo valor superen los 20 mil pesos deben ser refrendados por el Congreso. Pero de un tiempo a esta parte se ha visto el reparto hasta de una zona verde, como la que hizo el actual administrador de Bienes Nacionales en Santiago con motivo de las elecciones, la donación de los terrenos de la Feria Ganadera y ahora los del entorno del estadio Quisqueya.

Aún sea siquiera para guardar las apariencias cabe esperar que el Congreso decida jugar su papel en esos aspectos.