El informe del Departamento de Estado sobre la corrupción y el narcotráfico en República Dominicana recalca un estigma que invita a reflexionar. No basta con devolver el dardo a Estados Unidos por su problema con el consumo de drogas, sino que es necesario examinar las graves implicaciones de la denuncia. Con sensibilidades no se superará un problema que, sin que nadie se llame a engaño, por lo menos se siente con más fuerza en la nación. Conforme a los decomisos de que ha dado cuenta la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el tráfico de estupefacientes se ha incrementado en forma alarmante. Pero el Departamento de Estado subraya en su informe como nota perturbadora que ese incremento guarda relación con una supuesta corrupción endémica que involucra a militares y funcionarios públicos. Es lo mismo que asume sobre el lavado de dinero, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos. Compromete mucho que Estados Unidos se haga eco de denuncias que vinculan a autoridades con violaciones y prácticas que afectan la seguridad y el desarrollo. Lo más prudente es no hacerse de la vista gorda frente a la amenaza.
