Cójanlo

Desafío institucional
La Junta Central Electoral (JCE) no puede hacer ni hará nada frente al desafío de los más de 650 funcionarios del Gobierno y los ayuntamientos que han tomado licencia para terciar en la campaña proselitista. La soberbia de esos funcionarios que son candidatos electorales pone de manifiesto la debilidad que caracteriza el sistema institucional.

La JCE tampoco ha podido evitar que se  use y abuse de los recursos públicos en favor de los candidatos oficialistas. La Fundación Justicia y Transparencia se extraña, como si fuera ajena a la realidad, de que el tribunal no haya actuado contra los funcionarios que no han tomado licencia en sus cargos para promover sus aspiraciones electorales. La verdad es que las licencias tampoco evitan nada, pero tiene que reconocerse que son un requisito con el que debe cumplirse. Aunque no sea más, por la falta de controles legales eficaces, que para guardar las apariencias. Pero ni siquiera ese aspecto se ha tomado en cuenta. Estas congresuales y municipales se han caracterizado no sólo por el derroche de recursos, la falta de propuestas y debates para motivar al electorado, sino por la debilidad del sistema.