Cuesta aceptar que, pese al alto precio que ha tenido que pagar, todavía no se haya acatado la sentencia que ordena la expedición de documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana.

En caso de ser así se está, sin que nadie se llame a engaño, ante un deplorable abuso de poder, que incluso deja muy mal parado la imagen de República Dominicana en el exterior.

Como resultado de la supuesta renuencia para acoger el fallo, varios juristas que participaron en una jornada sobre derecho a la nacionalidad han descartado la vía judicial para reclamar que la Junta Central Electoral (JCE) provea de documentos de identidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.

Y todo porque entienden que el presidente de la JCE, Roberto Rosario, es el responsable de que no hayan recibido sus papeles personas que fueron favorecidas con sentencias judiciales. La inmigración puede resultar un problema espinoso, pero sin duda se torna más dramático cuando median abusos de poder, como sería, en el caso de la JCE, la renuencia para acatar la sentencia que obliga a expedir documentos de identidad a domínico-haitianos.