La creación de un Tribunal Superior Electoral es un invento que puede salir bastante caro al país. Antes que pensarse en más organismos burocráticos lo que bien cabría es una simplificación.

Que la experiencia haya funcionado en algunos países no significa que se tenga que imponer, sin garantía alguna, en una sociedad con otra cultura y otra historia. Tampoco se puede vivir copiando todos los modelos.

Con el Tribunal Superior Electoral que contempla la reforma constitucional parece, como advirtió el magistrado Eddy Olivares, que hay sectores políticos interesados en el control de las elecciones.

Democracias como la española, muy por encima de caricaturas como la de los países en desarrollo, no tienen tribunales especializados para asuntos electorales. Las votaciones son organizadas por el Ministerio de Interior.

Pero aquí se necesita, además de una Junta Central Electoral con una caterva de jueces y burócratas, también un Tribunal Superior Electoral. Si el objetivo fuera defender el ejercicio del sufragio entonces se habría comenzado por fortalecer el sistema institucional.

La Asamblea Revisora ha dado algunos pasos en falso. La creación de un tribunal electoral paralelo no debe ser otro. Esa instancia, además de perturbadora, no se necesita.

El exceso de burocracia en el sector público es más que suficiente. Lo que más hoy se necesita es eficiencia en todos los órdenes, que implicaría una saludable reducción de gastos. ¿O no?