El Gobierno está, sin duda, en una disyuntiva con relación a las fuentes para captar los 350 millones de dólares que se necesitan para cubrir el subsidio a la electricidad. Las opciones que tiene son traumáticas, pues cualquiera tendría repercusiones explosivas, por la que tendría que pagarse un elevado costo político. Pero el Gobierno está abocado a buscar las fuentes, dentro de las que se inscribe el alza de un ocho por ciento a partir de junio en la tarifa eléctrica, para captar recursos con que tapar los agujeros que rechaza el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los empresarios de Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales favorecen que además de reducir y reorientar el gasto corriente, se enfrente la corrupción y se cobre el servicio eléctrico a todos los usuarios. De no conseguir alguna dispensa con el FMI, el Gobierno está en una difícil encrucijada toda vez que cualquier decisión podría provocar estallidos sociales. La contracción reconocida por el Banco Central del 3.2 por ciento en la economía en el primer trimestre de este año plantea múltiples hipótesis sobre la real situación del Gobierno. Aunque lo más obvio es que no está bien.
