El procurador de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Chalas, acaba de realizar una denuncia insólita. Dijo el funcionario que en el país se ha vuelto casi normal que en los delitos ambientales aparezcan empresarios, funcionarios y militares que actúan en connivencia en procura de beneficiarse de los recursos naturales.
Pero Chalas hace la denuncia como si careciera de facultades legales para proceder contra los violadores de la ley. Se conforma más bien con explicar que los artículos 183 y 194 de la Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establece multas, separación de funciones y hasta prisión para los funcionarios que la violen. En realidad no se trata de ninguna novedad, si bien asombra que el funcionario se limite a hacer la denuncia. Chalas debe explicar las razones por las que no se persigue y somete a los funcionarios civiles y militares que violan la ley ambiental, como se hace con cualquier ciudadano. Si las autoridades carecieran de facultad para actuar fuera muy diferente. Pero es bien sabido que ese no es el caso.
