Cójanlo

Tras seis días preso, el periodista José Silvestre, detenido por orden de un juez  por supuesta difamación e injuria contra el fiscal de La Romana, al fin pudo obtener su libertad bajo fianza. Tuvo, eso sí, que pagar la prima de 100 mil pesos en la modalidad de contrato y no los 200 mil como medida de coerción. El caso tiene múltiples aristas que tendrán que ser despejadas tanto por la Suprema Corte de Justicia como por la Procuraduría General de la República. El delito de difamación no es para que se ordene prisión.  Puede pensarse que con la detención se perseguía amedrentar a Silvestre o en algún tipo de confabulación entre el juez que lo condenó y el fiscal que lo sometió, José Polanco. El representante del Ministerio Público tiene pleno derecho a defender su honor, pero sin valerse de sus atribuciones públicas. La Suprema Corte de Justicia debe investigar al juez de La Romana que actuó en el caso, pero la Procuraduría General de la República debe hacer lo mismo con las denuncias que ha formulado Silvestre contra el fiscal Polanco. Las sospechas que han marcado el proceso dan pie para profundizar las investigaciones sobre el conflicto.