El Ministerio de Salud Pública no puede consentir que se resquebraje su principio de autoridad con las medidas que ha tomado sobre la distribución de agua para combatir el cólera. Sin excederse en sus atribuciones, porque caería en abuso de poder, Salud Pública tiene que hacer que se cumplan las medidas dispuestas sobre el agua a granel. Los distribuidores de agua en camiones no pueden desoír las normas sanitarias ni imponer las suyas. De no cumplir la advertencia de colocar en los camiones letreros que indican que el agua que venden no es apta para el consumo, a Salud Pública no le queda más que proceder. La autoridad tiene que respetarse para evitar la anarquía de la que todos se quejan. Salud Pública no puede consentir que se juegue o abuse con la salud de la población. Hay que aplicar la ley a los establecimientos que no se acojan a las normas sanitarias, sobre todo en momentos en que una epidemia como la del cólera hace estragos en la población. Salud Pública decidió dar un plazo hasta hoy a los vendedores de agua para que cumplan determinadas normas. Pero tiene que entender que el asunto no es de plazos.
