Cójanlo

El Congreso se ha labrado una reputación de inoperancia y privilegios que deshonra su esencia. No solo se le atribuye renegar de su función de aprobar las leyes y fiscalizar que  se apliquen. También se le acusa de legislar en beneficio propio al colmarse de privilegios tan censurables como el “fondo social”  (barrilito) de que gozan senadores y diputados para supuestas obras sociales. El interés nacional con frecuencia es relegado a un segundo plano frente a la conveniencia partidaria.  Ahora, para colmo, desde hace tres semanas los senadores ni siquiera legislan, en tanto ha engavetado un proyecto de tanta relevancia como el de la Iniciativa Participativa Anticorrupción. La pieza, sometida por el presidente Leonel Fernández el 28 de febrero, dispone el monitoreo y rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Pero tampoco es la única. También están engavetados las reformas de los códigos Penal, Procesal y del Menor, así como la Ley de Partidos Políticos y las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y para colmo Alicia Ortega se ha ocupado de revelar que se trata de uno de los congresos más costosos de América Latina.