Organizaciones que trabajan en la prevención y rehabilitación de la drogadicción han vuelto a levantarse contra la modificación de la ley sobre lavado de activos para aumentar la partida de la Procuraduría General de la República. Tan censurable es que se castren los recursos de entidades como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Hogares Crea, Casa Abierta y otras como los alegatos de más recursos para mejorar las cárceles que enarbola el Ministerio Público. Lo sensato será siempre la prevención, con lo que la Procuraduría General de la República debería cooperar en lugar de limitar los recursos a las entidades que realizan esa labor. La perspectiva de construir y equipar cárceles para la rehabilitación no es más que un absurdo. Antes que reducirles las asignaciones la Procuraduría General de la República debería luchar para que la DNCD, que pese a su eficiente e ingente labor opera con déficit, Hogares Crea, Casa y Abierta y demás entidades cuenten con más recursos. De esa manera el organismo podría evitarse presos que rehabilitar en modernas y costosas cárceles. Es lo que indica hasta la lógica más elemental
