Injerto inaceptable
De no ser para incrementar la burocracia, de por sí excesiva, para qué otra cosa serviría ese injerto denominado Defensor del pueblo. En una nación en que ni siquiera la Constitución se respete, que es mucho decir, qué garantía hay de que una nueva figura jurídica cumplirá alguna función. Sin embargo, hay sectores que parecen tener un interés muy especial en la iniciativa.
El problema en este país no es más de leyes, por más avanzadas que sean, ni de burocracia. ¿Acaso no es suficiente con el Ministerio Público como representante de la sociedad? En lugar de representar a los ciudadanos ¿qué garantía hay de que el Defensor del pueblo no será gendarme de los intereses políticos de turno? Porque de seguro su representación la ostentará alguna figura política. Cabe esperar que los asambleístas no se dejen engatusar ni cedan a las presiones de los sectores que buscan imponer una figura que sólo engordará más la burocracia. Y si en verdad entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos quieren colaborar con el Estado de derecho hay necesidades de sobra.
