Contrasta con la nota de protesta de la Cancillería la afirmación de fiscales adjuntos en torno al tráfico humano que Estados Unidos atribuye a República Dominicana. El Gobierno ha rechazado de manera tajante que no cumpla con los estándares contra la trata de personas. Sin embargo, fiscales adjuntos admitieron una supuesta asociación integrada por personas de cuello blanco que se dedican al negocio. Se trata de una contradicción que resulta de un protagonismo comprometedor y dañino. Ningún caso particular puede verse como parte de una política que implica de alguna manera al Estado. Esos fiscales deberieron pensar lo que iban a opinar en torno a una práctica sobre la que Estados Unidos ha amenazado hasta con injustas sanciones al país. Hubo un fiscal que se permitió asegurar que en el país no hay personal preparado, no sólo en el Ministerio Público sino en la Policía Nacional ni en la Justicia para enfrentar el tráfico humano. Sin embargo, Estados Unidos alega que ha invertido más de 900 mil dólares en los últimos dos años preparando funcionarios para perseguir el tráfico de personas.
