El Ministerio Público ya no guarda siquiera las apariencias frente al abuso contra Sammy Dauhajre, uno de los imputados y de las víctimas propicias por supuestos vínculos con el fugitivo boricua José David Figueroa Agosto. El prevenido fue favorecido por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional con una orden de libertad bajo fianza, pero bajo burdas maniobras fue retenido en prisión. Conforme a los trámites, los familiares pusieron en garantía unos terrenos valorados en 30 millones de pesos, pero en la secretaría administrativa de la Corte de Apelación se alegó para no libertarlo que el proceso de inscripción de la hipoteca se toma de 20 a 30 días. Como si fuera poco, la revisión de la sentencia a que había apelado la Fiscalía del Distrito fue aplazada sin fecha fija hasta que el presidente de las Cámaras Penales, José Uribe Efre, decida si se inhibe o no en el caso. Pese al mandato judicial, Dauhajre tendrá que esperar en prisión hasta que los tribunales se inventen otro pretexto para justificar el desacato. Por supuesto que a ese tipo de acciones que laceran aún más el debilitado Estado de derecho se le llama abuso de poder.
