La reforma del Código Procesal Penal aprobada por la Cámara de Diputados ha encontrado nuevos tropiezos jurídicos. Desde un primer momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, había advertido que tenía que evitarse que las modificaciones rozaran con la Carta Magna. Pero el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, fue más enfático al señalar que las modificaciones violaban la Constitución. Citó que en las modificaciones la Cámara de Diputados instauró la presunción de culpabilidad, que conlleva prisión preventiva como medida de coerción si el imputado tiene antecedentes o ha sido sometido por un delito grave. Por las muchas observaciones el Senado tendrá que estudiar con mucho detenimiento las modificaciones, para algunos sectores chapuceras, que se han hecho al Código Procesal Penal. Muchos que las rechazan sostienen que con las modificaciones los legisladores se han deslizado por la tangente frente al gravísimo drama de la criminalidad. Pero las violaciones constitucionales en que se habría incurrido plantea otro ingrediente.
El Nacional
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