Son cada vez más concretos los indicios de que el Gobierno ha jugado al tiempo para salirse con las suyas sobre la reforma fiscal que presentó al Consejo Económico y Social (CES). Sólo la información incompleta sobre los ingresos y egresos que según el Centro Bonó se suministró al CES es un mal presagio en torno a la suerte del proyecto. Como el tiempo apremia para la presentación del Presupuesto, parece muy probable que el polémico proyecto termine en el Congreso sin ser consensuado. El economista Roque Féliz dijo que por la falta de transparencia no se han podido desglosar gastos importantes, en tanto el sindicalista Rafael Abreu adelantó que en el CES no hay posición homogénea respecto a la reforma. El tufo es claro y la maniobra también. El Congreso, que a fin de cuentas es el que tiene la última palabra, aunque no sea más que una caja de resonancia del Ejecutivo, podría invocar hasta una conspiración para que lo apoderen cuanto antes de la reforma y el Presupuesto. ¿No sería deliberado entregar las informaciones incompletas? No se puede descartar nada. Se solicitaron los ingresos y egresos de los últimos 6 años, pero el Gobierno se limitó a 2008-12.
