Cójanlo

La Ley 86-00, que regula la tarifa de los colegios privados, es más que letra muerta. Las propias autoridades se han ocupado de sepultarla, a tal punto que durante mucho tiempo no sabían siquiera que existía. De no ser por el papel de la prensa los colegios privados rigieran como amos y señores del sistema educativo. Es lo único que les ha faltado. Las tarifas, que han sido el detonante en víspera de la apertura del año escolar, deben discutirse y ser autorizadas por el Consejo Nacional de Educación. Pero antes que el ineficiente organismo se reúna, los centros, a los que no se pide cuenta sobre la calidad de la enseñanza, aplican en forma unilateral sus propias decisiones. Hasta ahora todo el escarceo es por el abuso de las tarifas y los cobros adelantados, pero después vendrá el vendaval de los libros. Con lo deficiente que es la educación pública a los padres no les queda más que patalear frente a los abusos de que son víctimas. El conflicto debe servir para tomar nota sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educación pública, dejando la privada como un lujo de quienes quieran pagarla. Pero en modo alguno como necesidad.