Pese a no cumplir con los requisitos legales ni contar con los registros correspondientes, la Secretaría de Salud Pública debe proceder con cautela contra las farmacias que operan en esas condiciones. Porque es posible que la burocracia o algún otro elemento haya dificultado que esos negocios funcionen de manera legal. Claro, con las que incurren en violaciones o se prestan a vender medicamentos adulterados no debe haber ningún tipo de contemplaciones. Bajo ninguna circunstancia se puede consentir que se abuse o se ponga en riesgo la salud de los consumidores.
Pero no se puede actuar a la ligera, sino como resultado de una evaluación de cada uno de esos negocios. El problema es complejo, pues se sabe que muchas farmacias primero se instalan y luego, por lo menos en algunos casos, comienzan los procedimientos para legalizarse. Sin embargo, ese proceso, por diversas razones, no siempre se agota. No debería existir una sola farmacia que opere de manera ilegal, pero el desorden administrativo es a todos los niveles. Por el bien de todos el servicio debe reglamentarse, pero sin exceso de ninguna índole.
