El Ministerio de Industria y Comercio ha convertido en un burlón rejuego el ajuste de los precios de los combustibles. Los sube o congela a su antojo, bajo cualquier pretexto que en definitiva no es más que una tomadura de pelo.

Y el propósito ganar algún rédito político, que a la postre parece ser lo que más se toma en cuenta. La Ley de Hidrocarburos, que se concibió para despolitizar los precios de los combustibles, ha devenido en letra muerta.

Los consumidores no saben ya ni qué decir sobre la burda manipulación de Industria y Comercio con los precios de los carburantes. No puede ser que durante unas 10 semanas los precios se mantengan sin alteración.

Cuando se cree que podrían bajar, como ha ocurrido estos días en que el petróleo y los derivados se han desplomado en los mercados internacionales, el Gobierno los congela. Y no lo hace proteger a los usuarios, que de alguna forma tienen que pagar el supuesto sacrificio que de vez en cuando invocan las autoridades. Podrá alegarse las variaciones en la tasa de cambio, pero son las autoridades las que se han ocupado de defender la estabilidad de la moneda.